La Fiscalía ha ratificado en el juicio la posible comisión de un delito de prevaricación ya que, a su juicio, el contrato se firmó por parte de Susana Mozo sin ningún tipo de poder para ello lo que conllevó un serio perjuicio para Alcorcón
Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, una concejala del Ayuntamiento de Alcorcón se ha sentado en el banquillo en un Juicio Oral acusada de un delito penal en el ejercicio de su cargo por la firma que puso fin al CREAA por un valor de 34 millones de euros.
La que fuera segunda teniente de alcalde y concejala del PP con David Pérez y la actual coordinadora de campaña del actual candidato del PP a la alcaldía ha acudido hoy y ayer a los juzgados con motivo del Juicio Oral contra su persona por la presunta comisión de un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal, tal y como ha solicitado la Fiscalía, quien también pide años de inhabilitación para empleo y cargo público.
Los motivos de este juicio oral y que han sido ratificados por la Fiscalía se centran en la firma -realizada de forma unipersonal y con una cláusula de confidencialidad -por la concejala del PP y consejera delegada de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA) del contrato de liquidación de las obras del CREAA por 34 millones de euros, una cifra muy superior a la permitida para su cargo: hasta 90.000 euros.
Esta firma daba por finalizado el contrato con una unión temporal de empresas, formada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman, encargada entonces de la finalización del CREAA, por millones de euros. No obstante, esta resolución del contrato carecía de informes técnicos preceptivos ni certificaciones de obra o acopios, según se ha determinado.
Este contrato fue firmado el 9 de marzo de 2012, durante el Gobierno del actual consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, tan solo nueve días después -el 28 de febrero de 2012- de que la propia Mozo presentara la solicitud en el Juzgado de lo Mercantil del concurso voluntario de acreedores de Emgiasa que motivó la liquidación de la empresa pública.
La Fiscalía ratifica que pudo haberse cometido un delito La alcaldesa y Secretaria General de PSOE Alcorcón, Natalia de Andrés, que entonces encabezaba la oposición, interpuso en marzo de 2019 la querella contra la concejala del PP Susana Mozo. Posteriormente, el Ayuntamiento de Alcorcón se personó en la causa con el fin de defender el patrimonio municipal. Por este motivo, De Andrés ha acudido tanto ayer como hoy a la Audiencia Provincial de Madrid a declarar en calidad de acusación particular.
Durante el juicio, la Fiscalía ha ratificado que, a su juicio, el contrato se firmó por parte de Susana Mozo, sin ningún tipo de poder para ello lo que conllevó un serio perjuicio para la ciudad de Alcorcón.
Este contrato sirvió para promover el concurso voluntario de acreedores que solicitó el Gobierno del PP y que tuvo como consecuencia la liquidación de la empresa pública de vivienda. Por ello, si el juez avala que la nulidad de este contrato, según la petición de la Fiscalía, se solicitará que se retrotraigan todas las consecuencias derivadas del mismo, es decir, el concurso de acreedores y las resoluciones e inhabilitaciones en el ámbito mercantil que tanto utiliza el PP de forma torticera.
Es la primera vez en la historia de nuestro municipio que se abre juicio oral a un edil por un delito penal en el ejercicio de su cargo, por lo que exigimos coherencia al PP: durante años ha lanzado campañas en torno a resoluciones mercantiles y una inhabilitación que en ningún caso afecta al desempeño de un cargo público ni a la gestión municipal. ¿Por qué el PP no asume ni exige ninguna responsabilidad sobre un delito penal que afecta a una concejala que aún hoy forma parte de la Corporación Municipal?
Este contrato y toda esta actuación por parte del PP derivó en la liquidación de la empresa pública; si se confirma que este contrato nunca debió existir, se generaría una nueva situación por lo que desde el PSOE se exigirá que se retrotraigan todas las consecuencias que se derivaron de aquella firma que resultó ser nefasta para esta ciudad y para su patrimonio.